La verdad intrínseca del salario mínimo

De entre las propuestas que he escuchado para paliar nuestro feroz desempleo en las conversaciones con amigos y compañeros de trabajo, una que ha llegado a tener cierta aceptación ha sido la de reducir el salario mínimo.

El razonamiento detrás de la propuesta es algo así: el salario mínimo impide que la remuneración de los trabajadores caiga por debajo de cierto límite, y al hacerlo hace imposible la creación de puestos de trabajo que serían posibles con remuneraciones inferiores. Si reducimos el salario mínimo interprofesional de los actuales 686€ al mes a, digamos, 400€ al mes, muchos nuevos puestos de trabajo serán ahora posibles y por lo tanto serán creados. Ello permitiría reducir el desempleo y que muchas de esas personas desempleadas que ahora no ganan nada tengan algún ingreso. Siempre es mejor 400€ que nada, ¿no?. Lo mejor de todo es que esta medida no le costaría nada a las arcas públicas, al contrario que otras propuestas, como la renta mínima.

Así presentado, en una conversación rápida y sin profundizar, la propuesta gana adeptos. Lo sé porque lo he visto. Pero si nos tomamos más tiempo para considerarlo se puede ver que - al menos en las presentes circunstancias de España - no resulta una buena idea. Puede que incluso sea más bien mala.

El problema principal es que reducir el SM para crear empleo es una propuesta que parte de dos supuestos. El primero es que la demanda de empleo depende en gran medida del precio del trabajo. El segundo es que el SM es un mecanismo efectivo del Estado para regular el mercado laboral. El primer supuesto no tiene porque ser cierto, y el segundo es bastante falso.

Vayamos con el primer supuesto.

Para un empresario, contratar más personal es una decisión bastante compleja en la que han de tomarse en cuenta muchos más factores que el salario. Cada nuevo trabajador tiene costes asociados en la forma de impuestos y cotizaciones a diferentes instituciones públicas, amen de la consabida burocracia.

Está además el puesto de trabajo del nuevo empleado. A menos que tenga capacidad productiva sin utilizar - lo cual no suele ser habitual porque supone pérdida de dinero - habrá que hacer un desembolso para equipar el puesto de trabajo para el nuevo empleado. Si este desembolso es muy grande, una reducción de salario puede perfectamente no tener ningún efecto.

Luego está el tema de la productividad. Esto es el incremento de producción que aporta el último trabajador incorporado a la empresa. La productividad es, en casi todos los casos conocidos, decreciente. Es decir, cada empleado incorporado a una empresa aporta un incremento inferior al empleado incorporado antes que él. Esto depende de cada sector, pero en aquellos en los que la productividad crece muy poco con cada empleado nuevo hay muy poco incentivo para contratar más gente, incluso si es a menor coste salarial.

Por último hay que tener en cuenta la demanda del producto de la empresa. Si la empresa incrementa su producción contratando a más empleados con el SM reducido, ¿incrementará sus ventas?. Esto puede suceder o no dependiendo del sector económico en el que nos encontremos. Si no es así, el reducir los salarios no va a hacer que el empresario contrate más gente. ¿Para qué, si no vende más?. Atender la demanda es, además, otro tema para un post aparte porque es un mundillo con costes de distribución, competición con otras empresas, más burocracia...

En resumen. El salario no es el único factor que determina la demanda de empleo. No quiero decir que no tenga ningún efecto. Naturalmente que entra en los cómputos por los cuales los empresarios toman sus decisiones de contratación de mano de obra. Lo que quiero decir es que no podemos estar seguros de cuanto empleo se puede crear con una medida como la reducción del SM. Es perfectamente posible que se creen muy pocos puestos, o incluso ninguno.

Y esto nos lleva al segundo supuesto. La efectividad del SM como mecanismo por el cual el Estado regula el mercado de trabajo.

Todo lo escrito arriba ya debería plantear bastantes dudas acerca de dicha efectividad. Pero es que para rematarla sólo necesitamos considerar las decisiones que tanto empleado como empleador hacen a título individual.

Por el lado del empleado, cuando se le ofrece un puesto de trabajo la pregunta básica que se hace es ¿me compensa?. Acudir a trabajar tiene unos costes. El más importante en la actualidad para la mayoría de trabajos es el transporte. Por último hay que tener en cuenta los gastos fijos mínimos en los que debe incurrir el empleado para mantenerse a sí mismo, y que son independientes de si trabaja o no. Estos son básicamente los gastos de alojamiento y alimentación. Todos estos son los gastos mínimos del trabajador.

Creo que es muy razonable suponer que si el SM cae por debajo de los gastos mínimos en los que tiene que incurrir el trabajador, a este sencillamente no le compense aceptar el trabajo con el SM reducido y prefiera dedicar el tiempo que estaría trabajando a salario reducido en buscar algo que sí le compense. Esto puede hacer que la reducción de SM quede sin efecto, o con efecto muy disminuido.

El empresario, por su parte, tiene herramientas para "saltarse" la remuneración fijada a empleados. Y en España se hace bastante uso de ellas. Si la situación del mercado de trabajo es bastante precaria - como ahora - el empresario se encuentra en una posición de negociación ventajosa como ofertante de empleo, y la puede aplicar para presionar a sus empleados y obtener de ellos más horas de trabajo y más producto sin tener que incrementar por ello su remuneración. El uso y abuso de las horas extras no remuneradas en nuestro país es tan generalizado como ignorado oficialmente.

El efecto de las horas extras no remuneradas sobre el salario real del empleado es que lo reduce. Si, por ejemplo, tenemos un trabajador que gana el salario mínimo de 686,60€ por 8 horas de trabajo al día durante 5 días a la semana, entonces el empleado gana 21,62€ al día, o 2,70€ por cada hora de trabajo. Si el empresario le obliga a 2 horas extras diarias no remuneradas para mantener el empleo, el salario por hora del trabajador se reduce a 2,16€ a la hora. El trabajador sigue cobrando sus 21,62€ al día, o 686,60€ al mes, pero en términos reales el salario se ha reducido a 518,40€ al mes, que es lo que cobraría sin las horas extras a cambio de la remuneración por hora que finalmente ha aceptado.

A donde quiero llegar con todo esto es que, en términos reales, me parece que todos los empleos que nuestra economía podría crear con salarios inferiores al SM ya están creados y ocupados. Es decir, que bajar el SM no crearía más puestos de trabajo. Los demandantes de trabajo ya han aplicado las medidas a su disposición para poder emplear a trabajadores por debajo del SM cuando ello es rentable. Y si la remuneración de un puesto de trabajo compensa al empleado de sus gastos mínimos, éste siempre preferirá ocuparlo a estar en desempleo sin ingresos. Si hay un puesto de trabajo que no cubra estos gastos mínimos, a nadie le interesará ocuparlo, y por lo tanto al empresario no le interesa incurrir en los gastos de capital y demás que conlleva crearlo.

Así que la efectividad del SM a la baja es, cuanto menos, bastante cuestionable. Pero, ¿y al alza?. ¿Tendría algún efecto incrementar el SM?.

Indudablemente, alguno tendría. No son descartables algunos despidos. Mas en general se daría una situación en la cual aumentaría el "fraude al SM". Los empresarios pondrían a los trabajadores con SM incrementado en la tesitura de ser despedidos o aceptar horas extras no remuneradas, o tener que pagar al empresario por conceptos como "alquiler de equipo de trabajo" o argucias semejantes que serían aceptadas por los trabajadores a cambio de continuar trabajando por un salario real más parecido al SM antiguo.

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Así que el SM tiene una eficacia muy pequeña, e incluso nula, a la hora de regular cual es realmente el salario mínimo que perciben los trabajadores. Entonces, ¿para qué demonios tenemos un salario mínimo?.

Un indicio importante de para qué sirve realmente el SM lo podemos encontrar en Alemania. Allí no había SM hasta que en 2013 los resultados electorales forzaron a los conservadores del CDU y a los socialistas del SPD a formar una coalición de gobierno. En las negociaciones que llevaron a formar dicha coalición el SPD logró colar un SM como condición necesaria.

Este tipo de noticias son las que nos dicen cual es la verdad intrínseca detrás del salario mínimo. En el caso de Alemania era una forma que tenía el SPD de justificar ante sus votantes la formación de una coalición con sus oponentes ideológicos. Es como decir: "¡Eh!, nos hemos juntado con estos tíos. Ya lo sabemos. Pero a cambio hemos obtenido un SM."

Y es que al final, el salario mínimo es más una declaración política que una medida de política económica.

Estableciendo un SM, un país declara que tiene la intención de no permitir que ningún ciudadano se vea obligado a aceptar trabajos remunerados por debajo de ese SM, ni que se creen puestos de trabajo viables únicamente con salarios inferiores a ese SM. Que dicha intención se haga realidad depende varios factores. El importe del SM es sólo uno de ellos, y es importante no "subirse a la parra" (1.200€ al mes, por ejemplo) al establecerlo si no queremos que sea una medida sin efecto real.

Lo importante del SM es que transmite un mensaje de respaldo al trabajador por parte de las instituciones públicas. El mensaje es "si tu remuneración está por debajo del SM, puedes contar con el poder de todo el Estado para que sea incrementado como poco hasta el nivel que se ha acordado como justo". Es un mensaje que, transmitido al ciudadano medio, le da seguridad y confianza, sobre todo si el gobierno es capaz de llevar la aplicación de ese SM a la realidad.

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Habiendo dejado claro que el SM es una declaración de cuanto está dispuesto el Estado a proteger los derechos laborales de sus ciudadanos, se puede ver que una reducción de ese SM implica una rebaja en esa cobertura estatal. Es razonable hacer dicha rebaja cuando el SM estipulado es muy superior a lo que realmente están ganando los trabajadores menos remunerados de un país. Se trata únicamente de ajustar la protección declarada por el Estado a lo que dicho Estado puede hacer realmente aplicable.

Si esa diferencia entre realidad y declaración política era muy grande, la reducción del SM no tendrá grandes consecuencias. Seguramente sea aceptada por todos como lo que es: un ajuste de las expectativas a la realidad.

Pero cuando dicha diferencia entre realidad económica y declaración política no es tan palpable, la segunda se hace más evidente en el caso de reducir el SM. El mensaje "hemos reducido la cobertura a los trabajadores" es mucho más palpable, inmediato, y evidente que cualquier discusión sobre el SM real de la economía que, como hemos visto, depende de muchos factores que a menudo son difíciles de medir o sobre los que directamente no hay ni datos.

El problema es que en un país con un 25% de tasa de desempleo, como España, si vas a lanzar el mensaje "vamos a reducir la protección a los trabajadores" antes te tienes que asegurar muy bien de que esa reducción declarada sirva de manera efectiva el desempleo de manera notable y rápida. O de otra forma estás declarando que reduces la cobertura a una parte de la población sin que obtengan nada a cambio.

Como ya hemos visto, hay dudas bastante razonables acerca de la efectividad de un descenso del SM para crear empleo en cantidades distinguibles para un país con más de 5.000.000 de desempleados. Si bajamos el SM no conseguiremos emplear a muchos de esos parados, lo que si conseguiremos indudablemente es transmitir un mensaje por el que el Estado le da un poco la espalda a un segmento de la población.

Este mensaje es lo que va a ser evidente y va a formar parte de las discusiones políticas en el país, y no cuantos empleos haya podido crear la medida. La reducción del SM tiene todos los visos de lograr que se exacerbe la discusión sobre empleo en nuestro país. La compensación en empleos logrados: nula o casi nula.

Se puede ver un ejemplo de lo que sucede en estos casos con lo acaecido en Grecia. Desconozco si fue a iniciativa propia, o impulsado por la troika o el FMI, pero el anterior gobierno griego redujo el salario mínimo. El desempleo no descendió de manera muy perceptible, pero el SM y su descenso pasó a integrarse en la discusión política y no necesariamente de manera racional.

El actual partido en el gobierno griego, Syriza, hizo del SM uno de los pilares de la campaña que le ha llevado a ganar las elecciones. De hecho, una de las primeras medidas que han tomado al llegar al poder ha sido restablecer el SM a los niveles anteriores. No les cuesta nada hacerlo. La economía griega ya está fastidiada por muchos otros factores, entre los cuales el SM puede que sea el menos importante. A cambio de ese incremento del SM han logrado mantener o incrementar el respaldo en la población de Grecia. Es una medida cuyos costes económicos son nimios, y cuyos réditos políticos son enormes.

En España nuestros políticos son muy conscientes de todo esto. No se han atrevido a reducir el SM, sólo a "congelarlo". Y cuando han aplicado medidas de desprotección del trabajador, éstas han sido mucho más difíciles de concretar en un eslogan con el que hacer campaña política en su contra. Francamente, la única persona que, tras pensárselo un rato, puede apoyar un descenso notable (100-200€) del salario mínimo como medida económica es alguien que o no sabe nada ni de política ni de economía, o que tiene un interés oculto para que haya un cambio de partido político en el poder.